A
simple vista no se nota el derrame. Mirando la superficie del rio todo parece
normal. Pero la gente ya no puede tomar el agua, ni
bañarse, ni pescar. De las orillas han desaparecido los cultivos de yuca y plátano
que antes abundaban. Esta es la situación en la cuenca del rio Morona a 4 meses
del derrame de petróleo.
El
hecho se produjo el 3 de febrero en el territorio de la Comunidad Wampis de
Mayuriaga, distrito de Morona, provincia del Datem del Marañon. Mil barriles de
petróleo se han derramado en las quebradas Cashacaño y Mayuriaga, tributarias
del Rio Morona, el cual también ha sido seriamente afectado.La causa ha sido
una falla en el kilómetro 206 del ramal norte del Oleoducto Norperuano.
A
finales del mes de mayo algunos representantes de Caritas Yurimaguas,
acompañados por la abogada Idelia Calderón Ramos del Área Legal de la Pastoral
de Tierra se han acercado a las comunidades afectadas en la cuenca del Morona
para entregar algunos víveres de primera necesidad. Durante esta visita el
equipo ha podido conversar con la gente para conocer y evaluar la situación
actual, a unos meses del derrame. Se pudo notar como los pobladores de las
comunidades están divorciados de sus autoridades y de los representantes de las
federaciones indígenas, los cuales están llevando adelante acuerdos y
contrataciones con Petroperú para “arreglar” el problema.
Los
pobladores contratados por la empresa para limpiar el área contaminada reciben
por día 150.00 soles, que a primera vista cualquiera felicitaría al contratista
por tanta generosidad. Pero cabe preguntarse: ¿Está protegida la salud de estos
trabajadores y por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se van a recuperar los
suelos y las aguas que eran fuente de sustento diario de los contratados y de
los pobladores de la zona afectada?
Una
población acostumbrada a vivir con escaso dinero y más dependiente de lo que le
da el bosque, el río y la pequeña parcela, resulta que ahora tiene en promedio
4500.00 soles mensuales que los fascina.
Y, hasta alguno agradece que gracias al derrame tiene trabajo.
Sin
embargo, la realidad interpela porque no hay nada para comprar. El pescado está
contaminado y no se puede consumir. Los cultivos están contaminados y sus
productos no se pueden vender. Los animales del monte que los pobladores suelen
cazar están contaminados y su carne no se puede comer. Las tiendas, en
comunidades tan aisladas, solo están abastecidas con pocos productos. Y, todos
sabemos que “dinero no se come”.
Periódicamente
Petroperú, abastece con arroz, azúcar y agua a las comunidades. Y así siguen
pasando los días, los meses, la gente no tiene la fuerza para levantar su voz
de protesta frente a esta inmensa contaminación. . El temor de muchos pobladores es también de
ser víctimas de venganzas y represalias si se atrevieran a actuar, a denunciar,
a decir algo más de lo debido, ya que muchas de las autoridades de la zona han
suscrito acuerdos con Petroperú.
Algunos
comentan que gracias al derrame por fin el Estado se acordó de ellos, que siempre
han sido olvidados y abandonados por parte de los gobernantes. A la contaminación se suma la ausencia de docentes en varias de las comunidades de la zona. Así de claro: un
Estado ausente de sus poblaciones, sobre todo de aquellas de las que más se les
explotó sus recursos naturales.
Lo
más probable es que el descuido estatal vuelva a ser lo mismo una vez que la
emergencia se habrá acabado. Lo que quedará pero por muchos años será la contaminación
profunda provocada por el derrame, y la salud deteriorada de la población. Un
futuro nada halagador para una zona que dio tanto al país, pero que a la hora
de la tragedia, las acciones rápidas y efectivas para minimizar impactos y salvaguardar la vida de cada uno de sus habitantes
y de sus espacios de vida, van a paso lento o todavía no se han hecho.
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